«La situación es de emergencia y muy grave». Con estas palabras, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, echó ayer un jarro de agua fría sobre el optimismo despertado por la evolución de algunos indicadores (paro, confianza, morosidad, ventas de coches, etcétera) que muestran cierta mejora en relación con meses anteriores y sobre la esperanza del Ejecutivo de que las cosas ya no van a ir tan mal. Aunque aseguró que no deseaba polemizar ?-«!Dios me libre de estar en desacuerdo con el Gobierno¡», exclamó- arremetió contra algunas medidas del Gabinete, como las ayudas fiscales, y contra la Unión Europea (UE) «por gobernar la crisis de forma tímida y con retraso».
La comparecencia de Peña tuvo lugar después de la presentación de la memoria del 2008, en la sede de la institución. El CES es un órgano consultivo creado en 1991, compuesto por 20 consejeros sindicalistas, 20 empresariales y 20 de diversos sectores, más el presidente. La memoria abarca tres capítulos: económico, laboral y social. Así, recoge la necesidad de racionalizar el gasto. «Hay que combatir el fraude fiscal» e ir a «reformas impositivas» que suban los ingresos del Estado sin afectar a los más desfavorecidos. Un problema económico que urge resolver es la brecha territorial, porque en el 2008 las regiones desarrolladas se hicieron más ricas y las pobres aumentaron su penuria, tras años de acercamiento.
En el ámbito laboral, el Consejo Económico y Social enuncia múltiples «segmentaciones» del mercado. Hay discriminaciones por tipo de contratos (temporales e indefinidos); género, con perjuicio siempre para la mujer; edad, dado que los jóvenes sufren más paro y los peores empleos; y por nacionalidad, puesto que un inmigrante cuenta con un 20% más de probabilidades de despido que un trabajador español.