¿Qué riesgo corren los ahorros?

El crac de Caja Castilla-La Mancha (CCM), una noticia inédita en los últimos 16 años, ha disparado la inquietud en la calle. Muchos ciudadanos se preguntan qué riesgo corren sus ahorros.

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¿Qué razones han obligado al rescate de la CCM?

La crisis del ladrillo le ha causado un gran deterioro, porque CCM financió a Martinsa-Fadesa, Colonial y al grupo constructor y promotor DHO, entre otras compañías en serias dificultades. El Banco de España ha detectado en la caja escasez de capital regulatorio -los recursos propios exigidos para poder funcionar- y problemas para captar liquidez, aunque reconoce que su patrimonio neto es positivo y es, por tanto, «una entidad solvente». Había que impedir, además, una fuga masiva de depósitos. Tras la sangría de los últimos meses era casi inevitable si salía a la luz el fracaso del proyecto de fusión con Unicaja.

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¿Por qué fracasó la solución sectorial?

La idea de una fusión con Unicaja, auspiciada por el Banco de España y la CECA, hizo agua porque el presidente de la caja malagueña no aceptó que la cobertura de créditos malos de CCM se limitara a un máximo de 1.000 millones de euros sin contar eventuales recuperaciones. Braulio Medel, apoyado por el Gobierno andaluz, consideró que el coste de imagen y proyección que la operación planteaba para Unicaja no se veía compensado por el mayor tamaño de la entidad fusionada.

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¿Había irregularidades en las cuentas de la entidad?

Aunque, según datos difundidos por la Confederación de Cajas, el ejercicio 2008 alcanzó un beneficio de treinta millones de euros, CCM no ha publicado oficialmente sus resultados, y todo apunta a que esa cifra va a sufrir un ajuste importante cuando se lleve a cabo la valoración de créditos y depósitos con criterios estrictos. El desfase podría alcanzar un importe de 3.000 millones de euros, reconoce el ministro de Economía. Pese a la delicada situación de algunos clientes, la caja no ha anticipado dotaciones, como han hecho otras entidades, para atender futuros y más que previsibles impagos.

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¿Por qué se ha optado por un aval del Tesoro y no por acudir al Fondo de Garantía?

El Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas (FGD) se activa cuando una entidad quiebra o suspende pagos. La intervención se ha puesto en marcha precisamente para evitar esa situación. Otra cosa es que se produzca una retirada masiva de dinero y, como advirtió el domingo Solbes, se produzca un quebranto en la caja. De momento, eso no está sucediendo. Los depositarios de CCM tienen en la entidad casi 17.000 millones de euros, y el FGD de las cajas apenas supera los 7.300. Ocurre que la caja tiene activos y, desde el domingo, liquidez suficiente mediante un préstamo para seguir operando.

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¿Qué garantías protegen a los clientes de la caja?

En general, todos los usuarios de bancos y cajas tienen derecho a recuperar, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, 100.000 euros por titular y cuenta. Pero esa es la solución privada que aporta el FGD cuando una entidad tiene un pasivo superior al activo o no puede hacer frente al pago de los depósitos vencidos. En CCM, el compromiso adquirido por el Gobierno abarca la totalidad de depósitos y bonos, y el Banco de España va a proporcionar financiación por un importe de hasta 9.000 millones con el aval del Estado.

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¿Qué tipo de productos financieros estarían afectados en el peor de los casos?

Solo los que están en el balance de la entidad, como cuentas o depósitos. Los fondos de inversión, planes de pensiones o valores no están afectados, y tampoco cubiertos por el FGD, porque las entidades no pueden utilizarlos (como sí hace con los depósitos) para dar préstamos.

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¿Quién pagará la factura final de la crisis?

Si los fondos de la caja no fueran suficientes para el reintegro del dinero solicitado por los clientes, y tuviera que ejecutarse totalmente o en parte el aval del Tesoro, el Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas -es decir, todo el sector- reembolsará al Tesoro el porcentaje que representan los depósitos garantizados sobre las obligaciones que tiene que atender la entidad de ahorro. De la experiencia vivida deduce el Gobierno que la insuficiencia podría ascender a un 10% del aval, esto es, unos 900 millones de euros.

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¿Qué tarea tienen por delante los tres inspectores designados por el Banco de España para administrar la caja manchega?

Tienen que nombrar un nuevo equipo de dirección; dirigir, controlar y ejecutar la actividad diaria de la entidad; evaluar la situación y diseñar las medidas necesarias para afrontarla, así como proponerlas a la asamblea general y al Banco de España. También pueden conceder y revocar poderes, incluidos los actualmente vigentes.

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¿Van a cobrar indemnización los altos cargos cesados?

No está previsto que el ex presidente o los miembros del consejo reciban indemnización tras su salida, según aseguró ayer el Banco de España. El sueldo del ex diputado socialista Juan Pedro Hernández Moltó rondaba los 100.000 euros anuales, y las dietas percibidas por los consejeros las ha venido fijando el Gobierno regional.

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¿Se van a exigir responsabilidades a los gestores?

Dependerá de las conclusiones que alcance la inspección. Por el momento, los supervisores no han confirmado la existencia de actuaciones irregularidades, sino de «inadecuada gestión», según dijo ayer Solbes. Cuando arranque el debate político, el PP instará la apertura de una comisión de investigación. El ex presidente Juan Pedro Hernández Moltó fue el diputado socialista que se mostró extraordinariamente severo con el gobernador del Banco de España Mariano Rubio, que incurrió en fraude fiscal por sus inversiones a través de Ibercorp.

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¿Qué salida puede tener la caja de ahorros a medio plazo?

La propondrán los inspectores cuando se hayan hecho una idea exacta de la situación. Por ahora, todas las opciones están abiertas, y en función de los desequilibrios que revelen el balance y las cuentas ajustadas se podría recomendar el saneamiento de la entidad, la venta de activos, la fusión con otra caja o, en caso extremo, la liquidación.

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¿En qué influyen las especiales características de una caja de ahorros?

Que las cajas no tengan accionistas hace menos dramática una intervención, pero también la complica, porque en la asamblea general de estas entidades hay representantes de las fuerzas políticas y sociales. Además, la ley no permite que un banco compre una caja -aunque puede hacerse con sus créditos o depósitos, y con su red de sucursales-, los Gobiernos autonómicos tienen poder de veto sobre las fusiones y las cajas poseen un arraigo territorial que dificulta su eventual liquidación.