La Justicia europea considera que las leyes de Bruselas también protegen las ampliaciones previstas de Red Natura
Los expertos de la UE que han estudiado el concurso eólico de la Consellería de Innovación e Industria tienen serias dudas de que sus responsables no supieran que estaban vulnerando la normativa europea, cuando en diciembre pasado preadjudicaron licencias de parques por 2.290 nuevos megavatios de potencia. Teniendo en cuenta la magnitud del concurso, que duplicará la capacidad instalada actual; su afectación a todo el territorio gallego, y el hecho de que se hayan admitido a trámite proyectos en zonas protegidas o en vías de protección, parece imposible que desconocieran las disposiciones medioambientales básicas. Es decir, las que obligan a evaluar con carácter previo y vinculante el impacto sobre el paisaje y el medio de una operación de ese calado.
«Podría plantearse incluso si con esta adjudicación apresurada de los nuevos parques eólicos no se ha pretendido eludir este análisis riguroso exigido por el derecho comunitario», asegura un informe realizado por juristas y técnicos vinculados a la Comisión Europea y a otros organismos comunitarios, al que ha tenido acceso La Voz.
Análisis
A juicio de los expertos, el reparto eólico tramitado por Industria supone la puesta en marcha en toda regla de un plan industrial a gran escala, que debería condicionarse al resultado de un análisis exhaustivo sobre sus consecuencias ecológicas, tal y como exige la directiva sobre evaluación ambiental estratégica.
Esa obligación se ve reforzada porque varios de los proyectos admitidos a trámite se refieren a la instalación de parques en zonas sensibles: «El plan eólico gallego podría incluir algunos nuevos polígonos que afectarían a la Red Natura 2000, y, lo que es más importante, incluye muchos nuevos parques eólicos que afectarían a la ampliación de la Red Natura 2000 gallega, que se encuentra en un avanzado estado de tramitación», aseguran.
Desde 1992, la directiva Hábitats exige un estudio de impacto para cualquier actuación pública o privada que se ejecute dentro de Natura 2000, que no tenga relación directa con su gestión y que pueda afectarla de forma apreciable. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la UE, en una sentencia del año 2005 que los expertos citan en su informe, ha extendido esas garantías a las zonas sobre las que existan propuestas para su inclusión futura en la red.
De los 78 anteproyectos aprobados por Industria, 11 se ubican en zonas de Natura 2000, y en total se han preadjudicado 28 parques (986 megavatios) en áreas que la Xunta planea sumar a ese mapa. «Surge la duda de si no puede haber ya en estos momentos una infracción al derecho comunitario de medio ambiente, al adoptarse de facto el nuevo plan eólico gallego sin haber realizado esa evaluación apropiada requerida por la directiva Hábitats», reza el documento.
Aves
Sus autores subrayan que existen obligaciones similares vinculadas a la directiva sobre aves, que exige la inclusión en Natura 2000 de las zonas de cría y paso de las especies silvestres, un proceso que Galicia aún no ha completado.
«Cuanto antes se culmine la ampliación oficial de Red Natura, con mayor fundamento podrá argumentarse esa posible infracción a la normativa comunitaria», concluyen.
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