marítima Apenas 308 de 2.268 barcos gallegos tienen ahora opción a ser legalizados

A nueve meses de que expire el plazo otorgado por la legislación para que la flota pesquera española realice los ajustes oportunos para que coincidan las características reales de la embarcación con las que figuran en los papeles oficiales, el Ministerio de Medio Marino -que es el que en última instancia debe emitir el informe sobre su adaptación- no tiene sobre la mesa ni el 15% de los más de 2.000 casos de buques gallegos que se encuentran en situación irregular.

Por ahora, apenas 308 embarcaciones gallegas tienen opciones a entrar en el ámbito de la legalidad. Ese es el número de expedientes que, según el director general de Ordenación Pesquera, Ignacio Gandarias, han llegado de la comunidad autónoma para que la Administración central evalúe si se dan los requisitos para que la embarcación continúe de alta en el censo. Se trata de un volumen insignificante si se tiene en cuenta que Galicia es donde más casos de irregularidades se han detectado y de donde procede el mayor número de solicitudes de adaptación: un total de 2.268; esto es, en torno a la mitad de la flota gallega.

Pero ni siquiera esos 308 titulares de embarcaciones tienen garantizada su continuidad en el censo de la flota pesquera operativa. Antes, Medio Marino deberá comprobar si se han corregido todas las diferencias -ya fuesen de eslora, manga, motores o material de construcción-, sin superar el margen de tolerancia que la propia ley establece. Y ese es un trabajo que todavía no ha emprendido la Secretaría General del Mar, al menos no con el paquete gallego.

Administraciones implicadas

El director general de Ordenación Pesquera explicó que, hasta ahora, solo se han expedido 102 informes favorables, todos para embarcaciones de Canarias y Andalucía. Gandarias subrayó que el peso del proceso lo llevan las comunidades autónomas, que tramitan las solicitudes, las envían a la Dirección General de Marina Mercante para que determine qué difiere entre la hoja de asiento y las características reales de la embarcación e informa al armador de las modificaciones que debe realizar para adaptarse a la legalidad. Una vez realizado todo ese trámite, «el expediente llega a la Secretaría General del Mar, que debe emitir informe favorable sobre las medidas adoptadas».

El responsable de Ordenación Pesquera admite que a estas alturas son muy pocas las embarcaciones que han encontrado una solución para su continuidad en activo en el proceso aprobado en junio del 2007. Y es consciente también de que es preciso dar una salida a esas otras 1.960 embarcaciones gallegas que encuentran dificultades para obtener la bendición legal a las variaciones que presentan. «Habrá que sentarse con la Xunta y Marina Mercante para estudiar las singularidades de la flota y, después, tomar decisiones. A lo mejor hay que agrupar los casos en función de si se pueden abordar posibles soluciones conjuntas o clasificarlos según su grado de dificultad de resolución», dijo Gandarias. Ese foro se celebró el viernes y, según dijo el secretario general del Mar, Juan Martín, en Malpica, ya hay un principio de acuerdo.

Pero el problema de la flota gallega no es ya que supere con creces el caballaje y las dimensiones que la ley da de margen para permitir la adaptación al registro sin penalización. Rebasa incluso la potencia permitida por la legislación para las embarcaciones menores. «Ese es un problema que excede ya al ámbito de la regularización, requiere ya una modificación de la normativa vigente», señaló. ¿Y es posible ese cambio? Gandarias no cerró la puerta: «Si hay una petición en ese sentido se podría llegar a esos límites».

Ese extremo fue confirmado por Juan Martín, que aseguró que el Gobierno considera superada la limitación de la potencia en función de la eslora del buque y que ya trabaja en la modificación del decreto correspondiente.