El Gobierno de Esperanza Aguirre amenaza a Solbes con llevar la medida a los tribunales
15 oct 2008 . Actualizado a las 02:48 h.El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, aseguró ayer que el posible restablecimiento del impuesto de sucesiones y donaciones a nivel estatal supondrá «una clara involución» en las competencias autonómicas. En esa línea, ha avanzado que su Gobierno hará todo lo que jurídicamente esté en sus manos para evitarlo.
Beteta hizo esas manifestaciones en una comparecencia ante los medios para explicar algunos asuntos tratados en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado miércoles en Madrid, en el que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, habría informado a los asistentes de la «intención» del Gobierno de imponer un mínimo común sobre este impuesto a las comunidades autónomas.
Como ya informó en las últimas semanas La Voz, el Ministerio de Economía y Hacienda ha encargado un estudio técnico sobre la posibilidad de modificar la Ley de Cesión de Tributos del Estado con el fin de recuperar la gestión del impuesto de sucesiones. Con esa medida, el Ejecutivo pretende zanjar la competencia fiscal abierta entre el bloque de autonomías partidarias de rebajar o suprimir el tributo -entre ellas Madrid y Galicia- y aquellas que no observan esa posibilidad, encabezadas por Cataluña.
Otro de los argumentos que el departamento que dirige Pedro Solbes puso sobre la mesa para justificar una reforma sin precedentes en España es evitar la fuga de sociedades que se está produciendo hacia las comunidades autónomas que ofrecen ventajas fiscales. En ese sentido, algunos bufetes de abogados están recomendando desde hace meses a las compañías internacionales que estudien la situación fiscal de cada territorio antes de decidir dónde ubicar su centro de operaciones en España.
La idea del Ministerio de Hacienda pasa por fijar un tipo mínimo, que podría ser lineal -del 10% según las estimaciones de los expertos-, o bien uno único del 18%, pero con un mínimo exento elevado.
Para Antonio Beteta, la imposición de un mínimo común sobre el impuesto de sucesiones -prácticamente eliminado en la Comunidad de Madrid- es un hecho «gravísimo» de cara a la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica y una «clara involución» en las competencias autonómicas que Madrid «no está dispuesta a tolerar».
Recurso judicial
Por ello, el consejero madrileño de Economía ha avanzado que el Gobierno regional adoptará las medidas judiciales que crea oportunas y «organizará» la reacción del resto de comunidades autónomas si el sistema de financiación autonómica se basa en subidas de impuestos, «lo que más le gusta hacer al PSOE», remachó.
A juicio de Beteta, la «contrarreforma» tributaria que proyecta el Gobierno aumentará la presión fiscal, perjudicará el desarrollo económico y afectará a la inversión empresarial y al consumo en regiones como Madrid, donde la rebaja fiscal ha supuesto a sus ciudadanos un ahorro de 1.400 millones de euros.
El consejero madrileño de Economía y Hacienda ha acusado al Gobierno de España de «falta de seriedad» y de utilizar lo que denominó como técnica del yoyó, ya que «por un lado da 400 euros y, por otro, no los deflacta de la tarifa del IRPF». El consejero madrileño de Hacienda ha defendido la capacidad autonómica para modificar los tributos atendiendo a las necesidades impuestas por sus respectivas políticas económicas.
Situación gallega
En el caso de Galicia, la rebaja fiscal decretada por la Xunta, que entró en vigor el pasado mes de septiembre, deja exentas del pago del 99% del tributo a las herencias inferiores a los 125.000 euros y a las transmisiones de pymes y empresas de carácter familiar.