PAROS POR EL ALZA DEL CRUDO Los huelguistas mantienen el paro a pesar de las cincuenta medidas propuestas por el Gobierno

El paro del transporte por mercancías se mantiene. Este martes, el Gobierno ofreció a los camioneros negociar un paquete de medio centenar de medidas que, sin embargo, Fenadismer rechazó de plano al no ver incluida en el texto su principal reivindicación: la tarifa mínima. La organización convocante del paro -al que curiosamente se están uniendo poco a poco asociaciones integradas en patronales que rechazan la huelga- criticó por insuficiente el ofrecimiento. El presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, se retiró de la mesa poco antes de las 19:30 horas «en señal de duelo» por la muerte de un huelguista fallecido durante un piquete en Granada, y trasladó cualquier conversación al miércoles. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, subrayó la importancia del ofrecimiento, e insistió en que el Gobierno hará «todo lo que esté en su mano» para solucionar el conflicto.

El paquete ofrecido por el Gobierno, elaborado por el gabinete de crisis abierto en el palacio de La Moncloa, se presentó a los transportistas como un borrador desde el que avanzar. Las medidas abarcan aspectos dependientes de los ministerios de Fomento, Economía y Hacienda, Trabajo e Inmigración Educación, Política Social y Deporte, Interior, Justicia e Industria, Comercio y Turismo. Como punto fuerte, la receta para intentar acabar con la huelga incluye el establecimiento de una cláusula de aplicación para la actualización automática del precio pactado en los contratos, en función de la evolución del precio del gasóleo.

Esta cláusula, según el texto presentado por Fomento, será de aplicación obligatoria salvo pacto en contrario y por escrito de las partes. Y ahí surge el primer escollo, pues los pequeños transportistas denuncian que esa salvedad del pacto en contrario les deja «fuera de juego», pues no tienen capacidad para forzar a sus clientes a aceptarla. «Menos del 18% de los contratos de transporte se hacen por escrito, con lo que eso no sirve para nada», apuntó Villaescusa.

El resto de patronales del transporte alabaron la idea y, sobre todo, el hecho de que -según el texto del Gobierno- pueda ser aplicada a los contratos que se encuentren vigentes en el momento de su aprobación. Una retroactividad que, sin embargo, tardaría bastante, pues para incluir el punto en cuestión -y muchos otros de los ofrecidos- habría que cambiar la ley para derogar lo que respecto al contrato de transporte señala el viejo Código de Comercio de 1885. El Gobierno está dispuesto a dar ese paso, pero Fenadismer le acusa de plantear sólo «cosas a largo plazo».

Las posturas permanecen encontradas, al menos en lo esencial, pues Álvarez dejó muy claro que no habrá de ninguna manera tarifas obligatorias. La ministra resaltó que esa petición supondría vulnerar las reglas del libre comercio y que la Comisión Nacional de la Competencia ya ha advertido que no la aceptaría, por ilegal.

Encastillados en este asunto, los representantes de Fenadismer insisten en que «hay margen legal para hacerlo». Aluden los huelguistas a la Ley de Transportes Terrestres, que -dicen- penaliza el trabajo bajo costes.

Impuestos y cotizaciones

En la oferta del Gobierno se dibujan medidas de todo tipo que, en principio, el propio Julio Villaescusa asegura que «no están mal». Entre las más destacadas, la actualización de 24 a 35 euros de las indemnizaciones que reciben los camioneros cuando la carga se retrasa más de una hora, o la lucha contra la morosidad en el transporte si los pagos de los portes se retrasan más de 30 días.

Esta última iniciativa encuentra de nuevo el rechazo de los pequeños puesto que, tal y como la plantea el Ejecutivo, sería siempre «salvo pacto en contrario».

El departamento de Pedro Solbes y, por derivada, las haciendas locales, también se 'mojan' en la negociación. Así, la oferta incluye la bonificación del 50% y para el ejercicio 2008 de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El IAE es competencia de los ayuntamientos, con lo que se supone que Economía y Hacienda tiene ya preparada una compensación para las arcas municipales. Solbes ofrece también una reducción del 75% del Impuesto sobre Primas de seguros para este año, así como la renovación del actual convenio entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Fomento para préstamos a empresas del transporte, dotado de 300 millones de euros.

El Gobierno también está dispuesto a agilizar la devolución del IVA así como a incrementar el límite de dietas exentas de tributación en el IRPF, «asegurando un tratamiento adecuado a la realidad del sector en lo relativo a la pernocta en el camión».

Defensa ante la UE

Otro de los compromisos que El Gobierno está dispuesto a asumir es la defensa de los transportistas españoles ante la Unión Europea, en el sentido de que España está abocada a elevar su fiscalidad sobre los hidrocarburos para homogeneizarla con el resto de Europa. Un paso que ha de darse antes del 2012. En este sentido, la oferta apuesta por adecuar el tributo hasta un límite que permita mantener la competitividad del sector. Elejecutivo, según consta en la oferta, ofrece también a los camioneros la deducción a final de año y no en los pagos fraccionados trimestrales del 1% en el IRPF.

Entre otras muchas cosas, la propuesta del comité de crisis del Gobierno incluye la revisión al alza de las ayudas para el abandono de la actividad a los camioneros mayores de 55 años, la revisión del régimen sancionador de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y una de las peticiones inveteradas de los camioneros: la publicación de forma trimestral del observatorio de costes del Ministerio de Fomento. El diferimiento del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social durante un año, políticas de apoyo a la formación del sector y ayudas para la compra de vehículos más eficientes completan el paquete que hay sobre la mesa de los transportistas.