ANÁLISIS El 3% de cada factura ya se destina a devolver la deuda

El recibo de la luz no recoge lo que el cliente ha gastado realmente en electricidad en los últimos dos meses. Por una parte, porque incluye un pago destinado a afrontar el déficit acumulado en lo que va de década. Y por otra, porque en el mismo no se recoge un porcentaje de la energía consumida (entre el 20 y el 30%) que deberá pagarse a plazo en los próximos veinte años.

Según la normativa de tarifas aprobada por el Gobierno en el 2007, el 3,21% de la factura de la luz de cada cliente ya va destinado a enjugar parte del déficit. Es decir, de un recibo bimensual medio de, por ejemplo, 63 euros, 2,04 (más de un euro al mes) corresponde a la hipoteca eléctrica.

Durante el ejercicio 2007, los clientes del sistema eléctrico pagaron en conjunto 830 millones de euros en concepto del déficit acumulado desde el 2000, el 3,21% de la factura total, que ascendió a 25.800 millones. La Comisión Nacional de la Energía ha propuesto que en el recibo de la luz figure esta deuda «por consumos pasados del cliente».

Fuentes de la patronal eléctrica consideran, además, que también se debe de informar al cliente de que la luz cuesta más de lo que refleja el recibo: «En realidad, el consumidor está gastando lo que figura en la factura al contado y un 30% más a plazo que deberá de abonar en el futuro». Las mismas fuentes argumentan que esta falta de información es incoherente con todos los planes de ahorro energético que promueven las Administraciones. «En cualquier mercado, la percepción de lo que cuesta una cosa es fundamental para tomar la decisión de ahorrar o derrochar», explican.

Pese a su preocupación, las eléctricas tienen garantizados esos pagos futuros desde el 2002, cuando el Gobierno del PP reconoció el derecho de las empresas a cobrar ese déficit en un plazo máximo de 20 años.

Para ello, el Estado optó por titulizar esa deuda, de modo que los bancos le adelantan a las eléctricas un dinero que luego estas deben devolver con cargo a las facturas de sus clientes.

En el primer año en el que se hicieron estas subastas de deuda, el 2002, el Gobierno reconoció un déficit acumulado de 1.522 millones (correspondiente a los tres ejercicios anteriores). Esa titulización, de la que los consumidores ya han devuelto 220 millones, finaliza en el 2016. En el 2006 se firmó una nueva, que caduca en el 2020. A finales del año pasado se intentaron colocar otros 1.500 millones, pero la subasta quedó desierta debido a las turbulencias de los mercados financieros.