ESCÁNDALO FINANCIERO El tribunal del caso Gescartera rechaza imputar a ex altos cargos del Gobierno

El tribunal del caso Gescartera ha rec hazado la imputación de varios altos cargos de la CNMV y del Gobierno en el 2001 por «delitos de estafa o de fraude», tal y como pedían ante la Audiencia Nacional casi la mitad de las acusaciones populares y particulares personadas en el caso Gescartera.

En la tercera sesión del juicio oral por este escándalo financiero, que afecta a más de 4.000 inversores con un agujero patrimonial de 50 millones de euros, la juez Carmen González Campos, que preside la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, hizo público el fallo de la Audiencia Nacional sobre las cuestiones previas del juicio oral.

Por tanto, la Audiencia Nacional no dio luz verde a las solicitudes de algunas defensas y acusaciones para que se anule la apertura del juicio oral decidida, hace dos años, por la juez de instrucción Teresa Palacios.

El tribunal sigue así lo propuesto por el fiscal González Mota, que acusó a 14 personas ligadas con Gescartera con Antonio Camacho a la cabeza, y lo dispuesto por la juez Palacios, quien exculpó ya a otras 39 personas contra las que las acusaciones habían presentado cargos y, entre las que figura la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente y el ex presidente del organismo regulador Luis Ramallo, a quienes no se imputó porque ni siquiera se les tomó declaración.

Con este paso, según fuentes jurídicas, se cortan las aspiraciones de buena parte de las acusaciones, que buscan la responsabilidad civil del Estado, y, en concreto, a través de la imputación para el ex secretario de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, así como otras responsabilidades a partir de los representantes de entidades financieras como el HSBC, Bankinter y Deutsche Bank, a pesar de que estuvieron imputados durante la instrucción y están llamados a comparecer como testigos.

Pilar Valiente dimitió de su cargo al frente de la CNMV a raíz del caso Gescartera, entidad que precisamente fue intervenida mientras ella era presidenta del organismo supervisor.

Enrique Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de Gescartera, también tuvo que abandonar su cargo a raíz del escándalo de la agencia de valores, después de que un diario de su hermana dejara entrever que podría haber mediado a favor de la entidad ante la CNMV.

Por tanto, el tribunal ha rechazado todas las cuestiones previas propuestas por acusaciones y defensas, excepto la referida a Raimab Services SL, sociedad que se quejó, a través de su representante, de no haber recibido copia de las actuaciones pese a haber sido declarado responsable como partícipe a título lucrativo.

Respecto a las peticiones de prueba, el tribunal admite las testificales propuestas por defensas y acusaciones, entre las que figura la comparecencia de Pilar Valiente como testigo, así como otros ex altos cargos de la CNMV como el ex presidente de la CNMV entre 1996 y 2000, Juan Fernández Armesto, y el antiguo director de supervisión del organismo supervisor, Ramiro Martínez Pardo del Valle.

Precisamente la abogada defensora de Bolsa Consulting, una de las empresas que es considerada responsable civil de la apropiación indebida, afirmó que «la CNMV era plenamente consciente del desfase patrimonial que arrastraba durante años» Gescartera, que fue fundada en 1992 por Antonio Camacho.

En líneas generales, el tribunal ha admitido las pruebas documentales propuestas por acusaciones y defensas, pero ha desestimado varios estudios periciales caligráficos y económicos que pedían, entre otras defensas, las del principal imputado en el caso, Antonio Camacho, para quien el fiscal pide 11 años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental.

Además, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sí que aprobó admitir un certificado médico para demostrar por los daños psicológicos que le ha producido el sumario para la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, dado tuvo que pasar varios meses en prisión.

Tras resolver estas cuestiones previas y peticiones documentales y testificales, está previsto que el principal imputado por este caso, Antonio Camacho, contestará a las preguntas de los 61 abogados presentes en la causa