LAS CUENTAS DEL ESTADO El Gobierno cierra la caja pero Solbes todavía no respira tranquilo

Se acabaron los anuncios estrella. El Gobierno dio este viernes por cerrada la caja con la que financiará las propuestas legislativas de última hora. Fuentes del Ejecutivo aseguran que José Luis Rodríguez Zapatero no impulsará ya medidas que trastoquen las cuentas del Estado para 2008 y que la ideas de relumbrón se dejarán para el programa electoral en el que trabaja el ministro de lo social, Jesús Caldera. Aún así, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, sigue sin respirar tranquilo.

Los últimos presupuestos de la legislatura han sido, sin duda, los más agitados de la etapa Zapatero, los que más tensión interna han provocado en su gabinete y los que más quebraderos de cabeza han dado al ministro de Economía. El habitual tira y afloja entre el sector político y el sector económico -nunca tan radiado como ahora- se saldó esta vez con la victoria de los ministros del gasto: habrá ayudas por hijo, deducciones por alquiler e incluso dentista gratuito para los niños. Todo ello tiene que ser respaldado por los grupos del Congreso y Solbes teme que para lograr su apoyo haya que soltar más dinero.

En previsión de lo que pudiera venir y teniendo en cuenta que la cercanía de las elecciones iba a tener efectos colaterales -las fuerzas minoritarias siempre elevan el precio de su voto favorable a los presupuestos-, el vicepresidente económico había reservado una bolsa de 2.500 millones de euros. La ofensiva social de Zapatero se ha llevado 2.290 millones. Queda un remanente de 210 millones que, firme defensor de la prudencia del gasto, querría dedicar a engrosar el superávit. Pero fuentes gubernamentales ya avisan de que el cheque-bebé se llevará un buen pellizco.

Ni un sólo partido, a excepción del PSOE, acepta que los 2.500 euros por hijo sean sólo para aquellos padres que aumentaron su prole a partir del 3 de julio, pero algunos barajan renunciar a que se pague desde el 1 de enero a cambio de que se dediquen 150 millones de euros para las familias con ingresos más bajos (menos de 9.000 euros anuales). Aún así, la propuesta, socialista, tampoco convence a todo el Gobierno. «Podrá costarnos menos ahora, pero a la larga saldrá más caro; estamos hablando de beneficios para toda la vida», advierte un miembro destacado del gabinete.

Complicaciones

El único quebradero de cabeza que de verdad se ha quitado ya Solbes es el que le supuso cuadrar las inversiones por territorios; tarea dificultada por las condiciones establecidas en los nuevos estatutos de autonomía. El propio ministro reconoció el viernes que hubiera preferido que las exigencias de financiación no «cristalizaran» en normas que «al final nos complican la vida«.

Aseguró además entender que lo obtenido por Andalucía y Cataluña «dé lugar a debate«. Y propuso compensar esas«ventajas» con una «igualdad de trato a lo largo del tiempo entre todos los españoles««.

Pero la explicación política corresponde ahora a otros. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, defendió hoy que el Gobierno atiende «igual» a todos los ciudadanos. «No ha habido ni una sola comunidad -dijo- que haya visto mermadas sus inversiones o que haya visto desatendidas sus necesidades». De este modo, salió al paso de las críticas del PP que acusa a Zapatero de favorecer a las comunidades gobernadas por socialistas y de pretender atrapar votos con dinero público. Porque Andalucía y Cataluña son, precisamente, dos de los principales objetivos electorales del PSOE.

La número dos del Ejecutivo aseguró que jamás ha tenido en cuenta el color político de quien gobierna en una comunidad. En una intervención para clausurar el curso «Las políticas de igualdad en al agenda pública», organizado por la Fundación Jaime Vera, acusó a los populares de mentir y recordó que Zapatero se ha reunido en varias ocasiones en esta legislatura con todos y cada uno de los presidentes autonómicos. «Difícilmente podía atender el PP las necesidades de unos territorios a cuyos presidentes ni siquiera recibía», reprochó.