ANÁLISIS Solbes encara el fin de legislatura con nubarrones en el horizonte

El equipo económico del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha incorporado ya a sus despachos para afrontar la recta final de la legislatura con inquietudes adicionales. Un imprevisto encarecimiento de los alimentos se va a añadir a la subida del precio del crudo para complicar el control de la inflación, y la tormenta financiera provocada por las hipotecas basura de Estados Unidos puede complicar el cambio de patrón del crecimiento del PIB. Ya estaban previstas menores aportaciones del consumo doméstico y la construcción, simultáneas al auge de la inversión industrial y las exportaciones.

La agenda del Ejecutivo contempla algunos paliativos. Respecto a la subida de la bolsa de la compra, Economía ya ha advertido que extremará la vigilancia, pero corresponde a la nueva Comisión Nacional de Competencia velar por que no se produzca la concertación de precios.

Por otra parte, la apuesta de la nueva ministra de Vivienda por el alquiler tropieza con la visión de Solbes, que se niega a generalizar un nuevo sistemas de desgravaciones con el argumento de que, si hay ventajas para todos, una demanda superior a la oferta volverá a disparar los precios. Las deducciones se limitarán a ciertos colectivos como el de los jóvenes. Aunque el vicepresidente económico parece partidario de poner el techo en los 30 años, esa posición podría flexibilizarse.

Una nueva reforma de la legislación hipotecaria -que rebaja las comisiones por cancelación anticipada, las comisiones notariales y registrales por subrogación, cancelación y novación- prosigue, mientras tanto, su tramitación en el Parlamento.

No obstante, al Ejecutivo le queda la principal arma de acción económica: el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Este otoño, el borrador de cuentas públicas será, más que nunca, un ejercicio de equilibrio. El responsable económico desearía presentar un plan que fuera, a la vez, reactivador de la economía en aquellos ámbitos donde ya se percibe desaceleración, pero poco complaciente con el gasto público. Y tiene la necesidad de conjugar estos principios con las demandas de los hasta ahora aliados del Ejecutivo, para captar su voto y lograr la aprobación en el Parlamento.

El vicepresidente económico todavía cree posible compensar las diferencias surgidas con Convergència i Unió e Izquierda Unida, muy crítica la primera ante los problemas de infraestructuras vividos en Cataluña, que culpa a la escasa inversión del Estado, y reticente la segunda tras el fracaso del entendimiento entre el PSOE y Navarra Bai para el gobierno de la comunidad foral. Aumentar la inversión territorializada puede cambiar la inclinación del voto. Todo ello sin renunciar a los principios de reducir la deuda pública -que ahora sale más cara, todo hay que decirlo- y de consolidar el superávit.