El Gobierno no actúa para obligar a los clubes a pagar sus deudas

Gonzalo Bareño Canosa
gonzalo bareño MADRID / LA VOZ

DEPORTES

Incumple el mandato unánime que le hizo el Congreso hace seis meses

25 mar 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

La deuda de los clubes de fútbol profesionales con Hacienda y con la Seguridad Social sigue aumentando sin que el Gobierno haga nada para obligarlos a saldarla. El Ejecutivo incumple de esta manera el mandato que hace ya seis meses le hizo el Congreso de forma unánime para que adoptara medidas urgentes que obliguen a los clubes a sufragar en el menor tiempo posible la deuda contraída con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Seguridad Social. Aquella moción promovida por el BNG y aprobada el 21 de septiembre del 2010 instaba también al Gobierno a presentar cuanto antes una reforma de la Ley de Deporte Profesional, pero medio año después no se ha hecho nada.

El diputado del BNG Francisco Jorquera denunció ayer que el pasado mes de enero hizo una pregunta parlamentaria al Gobierno para saber qué gestiones llevó a cabo para cumplir ese mandato, pero el Ejecutivo ni siquiera le ha contestado. A pesar de esos seis meses de inactividad del Gobierno ante una deuda que, según acaba de reconocer el secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, asciende a 694 millones de euros solo con Hacienda, los clubes amenazan ahora con un plante para el próximo 3 de abril si el Ejecutivo no cambia la legislación para concederles nuevos privilegios económicos.

Fiscalización y transparencia

«Los clubes de fútbol no hicieron sus deberes, no ajustaron sus presupuestos y continuaron engordando la deuda», señaló ayer el diputado del BNG Francisco Jorquera. Por ello, exigió al Gobierno que se ponga «manos a la obra y comience a aplicar un acuerdo aprobado en el Congreso con los votos del PSOE».

El BNG considera que la deuda de los clubes con el Estado es de suficiente gravedad como para crear cuanto antes «un órgano independiente de fiscalización y auditoría» que permita al Gobierno someter a disciplina a los que tengan deudas con Hacienda y forzar a estas entidades a una mayor transparencia sobre el estado de sus cuentas.