La primera denuncia presentada por el Mallorca en los juzgados de A Coruña por la devolución de algunos de los pagarés del traspaso de Albert Luque comienza a producir efectos. De inicio, Estefanía Cambón Rodríguez, jueza de la sala de Primera Instancia número 2, ya ha ordenado al Deportivo que abone al Mallorca los 470.000 euros (78,2 millones de euros) correspondientes a los plazos de julio y agosto de sendos pagarés devueltos, amén de 108.644 euros de intereses de demora, gastos y costas.
En el auto notificado el pasado día 17, la jueza acepta los pagarés presentados por el Mallorca por lo que incoa un juicio cambiario a ambas partes pendiente de fecha, al tiempo que requiere al Deportivo para que en el plazo de diez días pague la cantidad principal más los intereses, gastos y costas, que suman 470.000 euros. En caso de que finalmente no le correspondieran pagar las costas o que los intereses fueran menores, el club coruñés tendría derecho a una devolución.
Asimismo, la magistrada decretó «un embargo preventivo de los bienes por las cantidades expresadas, por si no se atendiera al requerimiento».
Ahora, el Deportivo tiene 10 días (contados desde el momento de recepción del auto) para pagar o presentar una demanda de oposición, si es que entiende que el pagaré está abonado. No consta que hasta el momento haya presentado el escrito de oposición. Independientemente de que lo haga o no, si no consigna la cantidad solicitada, el juzgado procederá a la ejecución de sus bienes para hacer el pago reclamado. Mientras, el club tiene que presentar, asimismo, a la jueza de primera instancia una manifestación de «bienes y derechos suficientes para cubrir las cantidades reclamadas».
Más pagarés
No son los únicos pagarés que el Mallorca alega que le ha devuelto la entidad que preside Lendoiro. Según los responsables del club balear en breve interpondrán nuevas demandas hasta alcanzar la cantidad de 1,2 millones de euros que es lo que dicen le adeuda el Deportivo todavía del fichaje de Luque, acuerdo cerrado en el verano del 2002.
Paralelamente a estas actuaciones judiciales, el club balear mantiene abierto otro frente en la Liga de Fútbol Profesional. Su proceder es sencillo y directo: una vez que vence cada uno de los pagarés, los remite a la Liga de Fútbol Profesional para que esta dicte una orden de cierre de hoja de inscripción de futbolistas al Deportivo. Esto es que le prohíba realizar incorporaciones. Tras recibir de vuelta los pagarés es el momento en el que acude al juzgado y presenta la correspondiente demanda de juicio cambiario.
De esta forma, aunque Lendoiro consiguiera acordar la incorporación de algún jugador para cubrir la baja de Brayan Angulo o la de Ángel Lafita, no podría hacerlo si antes no paga el dinero que reclama el Mallorca, que con los pagarés devueltos de septiembre y octubre más los intereses y gastos se situaría cerca del millón de euros.
Durante la temporada del mercado estival, el club coruñés ya tuvo problema para poder anotar los jugadores y así no fue hasta el último día cuando, según explicaron en su momento los anteriores rectores del club, los responsables blanquiazules presentaron unas garantías de pago que finalmente, por lo que se ha visto, no le sirvieron al Mallorca.