deportivo Lendoiro responde ante la jueza por la falsificación de la firma

Lendoiro ha comparecido hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de A Coruña como imputado por la presunta falsificación de la firma del ex auditor de las cuentas del club, Fernando Santodomingo, en un informe, para obtener la Licencia UEFA en la temporada 2007-08.

Durante una hora y media, la jueza Carmen de Jesús Caramés tomó declaración al dirigente deportivista, que estuvo acompañado en la vista por el abogado Miguel Taboada, de la Asesoría Jurídica del conjunto gallego.

Lendoiro, que salió sonriente del encuentro con la jueza que instruye la denuncia del anterior auditor de las cuentas del Deportivo, eludió hacer valoraciones a los medios de comunicación tras su comparecencia.

La jueza citó a Lendoiro en febrero de este año, después de que ya hubieran comparecido por el mismo caso la ex gerente del club coruñés, Berta Vales, y el abogado y ex consejero Germán Rodríguez Conchado, quien en su declaración del 4 de junio del 2008 reconoció que había sido él quien elaboró el informe que permitió al Deportivo tener la licencia UEFA, aunque negó que lo hubiera firmado. El letrado también aseguró entonces que en su día había remitido el informe al auditor y que desconocía quién había sido la persona o entidad que se lo había remitido a la Federación Española de Fútbol para su aprobación.

El auditor renunció en el 2007

El auditor Fernando A. Sandomingo, autor de los informes de cuentas del Deportivo hasta el ejercicio 2005-2006, presentó su renuncia por motivos personales en abril del 2007, precisamente en la época en la que el club debía remitir a la federación el informe que le debía permitir obtener la licencia UEFA, pasaporte imprescindible para poder tomar parte en las competiciones europeas. Según la normativa, en dicho informe, elaborado por el auditor encargado de verificar las cuentas del club, debe constar que la entidad no tiene deudas pendientes de pago con sus empleados (jugadores, entrenadores o administrativos) ni con con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.

El 18 de marzo del año 2007, Santodomingo emite un informe en el que, entre otras cosas, señalas que «la evaluación preliminar del riesgo inherente es alta o muy alta teniendo en cuenta los pagarés que figuran como impagados en la contabilidad, más la importante cantidad adeudada a la Agencia Tributaria, de la que se ha solicitado aplazamiento, pero que no esta contestado, por lo tanto es deuda líquida, vencida y exigible».

Informe definitivo

Ya en abril del 2007, la federación concede al Deportivo una moratoria para tratar de subsanar las deficiencias. Finalmente, el 28 de mayo del 2007, el club obtuvo la licencia UEFA al enviar el informe definitivo, con la firma de Fernando A. Santodomingo. Pero el auditor aseguró que ni lo elaboró ni le puso su rúbrica, por lo que promovió un acto de conciliación al que, pese a estar citados, no acudieron ni Lendoiro ni Felipe Marcos, cuñado del presidente deportivista y secretario del consejo de administración. Sí asistió el abogado del club, Miguel Taboada, quien señaló a Santodomingo como autor del informe. Una vez fracasada la conciliación, el auditor denunció en febrero del 2008 los hechos en el juzgado de guardia. «Nunca consentí ni emití un informe de auditoría para presentar a la Segunda Instancia de Licencia UEFA, ante la Real Federación Española de Fútbol», indica Santodomingo, que se personó como parte «contra las personas desconocidas e inciertas que pudieran haber suplantado mi firma y/o elaborado un informe de auditoría en mi nombre».

Delito o falta

El juzgado trasladó el caso a la Fiscalía, que fue la encargada de solicitar a la federación el informe y de elaborar las distintas pruebas, entre ellas un estudio grafológico de la firma del ex auditor.

Fernando A. Santodomingo ratificó ante la jueza su denuncia. Después de haber comparecido Berta Vales y Germán Rodríguez Conchado, ahora le toca el turno a Lendoiro. Una vez que la jueza tome declaración al presidente del club como imputado y haya estudiado las pruebas, deberá decidir sobre la existencia o no de la falsificación de la firma del auditor y, en su caso, si se trata de un delito o de una falta. En el primer caso, la causa pasaría a un juzgado de lo penal.