El informe concursal elaborado por los administradores -Francisco Prada, Carlos Pérez Bouzada y José González- es demoledor con la gestión de Horacio Gómez, al tiempo que exculpa a Mouriño. Este documento, elaborado en el último semestre del año pasado puede resultar ahora capital para pedir responsabilidades en el proceso del Celta.
El informe habla desde junio del 2003 se produjeron «prácticas contables tergiversadoras» para tapar la causa de disolución en la que se encontraba la sociedad. En el mismo se detecta «una sistemática y continuada utilización de prácticas contables anómalas» destinadas a «aparentar una situación saneada y unos resultados relativamente buenos», ocultando así la desastrosa realidad económica del Celta y apostando por una política de «huida hacia delante» que conducía «inexorablemente a la radical insolvencia de la sociedad», con grave perjuicio para sus acreedores. En el mismo sentido se pone de manifiesto también que los auditores de las cuentas de aquellos años siempre hicieron constar «sus salvedades contables».
Mientras esto sucedía y el club entraba en una vorágine de fichajes que le llevó a pagar incluso 2.500 millones de pesetas por jugadores como Catanha, se dejó de pagar durante una década 23 millones de euros a Hacienda, al desatender los pagos derivados del IVA y el IRPF, y además se suscribieron los dos créditos de mayor cuantía de la historia del club con Caixanova.
Pese a este informe, ni Mouriño ni ningún acreedor habían pedido responsabilidades hasta la fecha. El presidente del Celta dijo en su día que era una decisión que le correspondía tomar al juez. José María Blanco tiene ahora oportunidad de hacerlo en el fin del concurso.
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