proceso concursal El juez decidirá si los gestores del Celta deben responder por la quiebra

José María Blanco, el juez encargado del concurso del Celta, está obligado a calificar el proceso en el que se encuentra inmerso el club vigués, es decir, a decidir si ha sido fortuito o culpable, lo que podría desembocar en la petición de responsabilidades para el consejo actual y para el anterior.

La Ley Concursal especifica en su artículo 163 que el juez debe calificar el concurso «cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita superior a un tercio del importe de sus créditos o una espera superior a tres años», circunstancia que, de acuerdo a la propuesta de convenio enviada a los acreedores, se produce sobradamente en el caso del Celta. En el club vigués se apunta a una quita del 85%, la más grande de las vividas hasta ahora en el fútbol español, y a una espera de cinco años.

La normativa concursal especifica también en qué supuesto el juez puede declarar culpable el concurso. Tan solo será, según indica el texto legislativo, «cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho». La medida no solo fiscalizará los tres años de Carlos Mouriño al frente del club, sino que también lo hará con la etapa de Horacio Gómez como presidente.

Situaciones irregulares

Entre los puntos para ser considerado culpable un concurso se habla de «doble contabilidad» o de haber cometido «irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara» y también cuando el deudor «hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos».

En clave de pasado, el dictamen será de culpabilidad cuando «durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos». También cuando se hubiese realizado algún «acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia».

Hasta la fecha ninguno de los procesos del fútbol español ha recibido la calificación de culpable, algo que parece que podría suceder con el Alavés en la persona de Dimitri Piterman, a quien el juez ya le ha embargado sus bienes.

En el caso del Celta, el informe de los administradores apunta a la gestión de Horacio Gómez en materia económica, indicando que las cuentas de los ejercicios 2002/03 a 2005/06 «no reflejan la imagen fiel ni los resultados de la entidad y fueron confeccionadas para enmascarar una situación financiera muy agobiante». De hecho, el club consumió todo su patrimonio y entró en una causa de disolución que disfrazaron los balances introduciendo como principal activo la revalorización de jugadores. El mismo informe también recogía que en caja habían faltado 1,5 millones sin justifición.