La administración concursal reconoce que el pago es «escaso» pero indica que no hay otra posibilidad para hacer viable al club
Piden al juez que explique los motivos por los que admite una quita del 85%, prevista para casos especiales
El descontento se hace patente entre los acreedores minoritarios del Celta a medida que se acerca la fecha de la junta de acreedores. La primera medida ha sido solicitar mediante un recurso de reposición una explicación al juez de lo mercantil que instruye el proceso para que explique la decisión de aceptar una quita del 85% que propone el Celta, y avala la administración concursal, para la junta de acreedores en base a la adhesiones cerradas por parte de la Agencia Tributaria y Caixanova en cuanto a la deuda ordinaria se refiere. El magistrado José María Blanco admitió a trámite la reclamación pero todavía no ha dictado el auto contestando a la misiva. De no hacerlo el lunes antes de la junta de acreedores el concurso podría derivar en nulidad.
Informe de Xunta y Concello
La Ley Concursal especifica que el máximo permitido de quita es del 50% y la espera de cinco años y que este límite solo puede ser sobrepasado en circunstancias especiales por considerar a la empresa (en este caso un club de fútbol) inmersa en el proceso es un motor de la economía local. Este apartado aparece en la propuesta de convenio en la primera opción (la relativa a la quinta del 85%). Textualmente explica el Celta que la justificación obedece a que «la entidad concursada constituye una empresa con especial trascendencia para la economía, resultando además necesaria (se refiere a la quita) para poder dar cumplimiento al convenio en sus términos como detallan el plan de pagos y el plan de viabilidad». Se acompaña además un informe favorable de la Consellería de Economía e Facenda de la Xunta y otro del Ayuntamiento de Vigo.
En su informe de evaluación de la propuesta de convenio, la administración concursal también suscribe las tesis, reconociendo que la cantidad «producirá escasas satisfacciones» a los acreedores minoritarios, pero apuntando que es el único camino para la viabilidad de la entidad.
Bajo el título de «razonabilidad financiera de la propuesta», los administradores indican al juez de lo mercantil que «la filosofía que subyace en la propuesta nos parece perfectamente válida, y consideramos que puede ser un camino adecuado para que la deudora supere su situación de crisis, proporcionando a los acreedores una satisfacción, ciertamente escasa, pero acorde con la realidad de sus posibilidades».
Más adelante, el mismo informe, hace referencia a los acuerdos especiales con Hacienda y Caixanova precisando que «están en línea (se refieren a la deuda ordinaria) con los sacrificios ahora requeridos a los acreedores ordinarios, lo que viene a confirmar la completa imposibilidad de mayores esfuerzos, si se quiere permitir la continuidad de la sociedad».
Pendientes de la respuesta
La reclamación presentada por acreedores minoritarios en el concurso del Celta apunta a que falta la explicación mediante auto del juez de lo mercantil indicando los motivos por los que se admite la quita del 85% como solicita el Celta y admite la administración concursal.
Todo apunta que José María Blanco Saralegui, que admitió el recurso de reposición, fundamentará mediante un auto el lunes su decisión final a cerca del concurso del Celta, ya que de lo contrario sería un motivo más para que los acreedores disconformes solicitasen la nulidad del proceso, lo que podría bloquear la concursal y dejaría la viabilidad del club en una situación complicada.
Y aunque el magistrado emita su auto el martes y el proceso se desarrolle con normalidad merced al voto favorable de Hacienda y Caixanova, el proceso todavía no estará acabado porque los acreedores minoritarios que no estén de acuerdo tendrán diez días de margen para presentar su reclamación ante el mismo magistrado para a continuación recurrir a la Audiencia de Pontevedra.
Muchos de ellos consideran abusiva la quita del 85% con respecto a las deudas que el Celta tenía contraída con ellos y todo apunta a que se presentarán reclamaciones, aunque el tener que correr con las costas judiciales podría llevar a más de uno a desestimarlo para no meterse en más gastos. De momento la amenaza existe.
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