baloncesto El COB pide acogerse a la Ley Concursal

El presidente del Club Ourense Baloncesto S.A.D, Alfonso Juanes, ha anunciado que el Consejo de Administración de esta entidad va a poner en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil de esta ciudad la declaración del concurso de acreedores de esta sociedad.

También adelantó que ahora se abre en el juzgado un plazo legal de tres meses para iniciar negociaciones para una propuesta de convenio y si transcurrido el plazo no se consiguen las adhesiones suficientes presentarán el concurso de acreedores de conformiodad con el Real Decreto 2/2009 de 27 de marzo.

El Consejo de Administración pretende con el convenio que la mayoría de los acreedores renuncien al 50% de la deuda y que el otro 50% conceda un plazo de cinco años para poder percibir la deuda pendiente, de lo contrario solicitará la liquidación del club.

En la reunión participaron los mayores accionistas, entre estos un representante de la Diputación Provincial. Los directivos del club reconocieron que sobre la situación de la entidad se ha informado a los representantes legales del 53% del accionariado mientras que el otro 47% desconoce la situación.

No se sabe cual es la deuda real de la sociedad, se cree que ésta ronda los 500.000 euros y una parte importante corresponde a salarios de la plantilla de jugadores y de los empleados de la entidad.

El Ourense Baloncesto necesitaría de 300.000 euros para poder acabar la liga en la Leb Plata, y de esa cifra 175.000 forman parte de la subvención comprometida por el Ayuntamiento de esta ciudad, que todavía no abonó.

Plácido Díaz, que representaba a la Diputación, lanzó ante los medios de comunicación la propuesta de realizar una ampliación de capital para evitar el proceso judicial, y dijo que se podría buscar un nuevo patrocinador y personas interesadas en la continuidad del club. No se habló de la posibilidad de reclamar los 1,5 millones de euros de aval que ingresó el Ourense Baloncesto en la Liga ACB cuando ascendió a esta categoría en la que permaneció 10 años.

Desde las instituciones, el discurso oficial es que el Concello no pondrá dinero para solucionar la crisis y que la Diputación de Ourense apoyará en función de lo que haga el gobierno local.