La concesión arrancó en junio y cuenta con un presupuesto de 5,4 millones de euros anuales, de los que 1,7 son para mejoras
26 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El pasado mes de junio empezó a funcionar el nuevo contrato de mantenimiento de parques y jardines. Cuenta con un presupuesto anual de 5,4 millones de euros, de los que 1,7 deben dedicarse a mejoras. En este ejercicio está previsto utilizar esos fondos en la plantación de 1.500 nuevos árboles, según anunció la concejala de Medio Ambiente, María García, a finales de mayo, cuando confirmó la puesta en funcionamiento de la nueva concesión.
Sin embargo, por el momento, las adjudicatarias no han logrado corregir las deficiencias que acumulan las zonas verdes de la ciudad, amarillentas o peladas en muchas zonas por falta de lluvia o riego, y escasas de cuidados tras más de un año de mantenimiento en situación precaria.
El trámite de la nueva concesión no fue tranquilo. Los pliegos fueron redactados por el anterior gobierno local, liderado por el PP, que también inició el proceso de adjudicación. El nuevo ejecutivo de la Marea Atlántica continuó con las gestiones. En octubre del 2015 valoró las ofertas económicas y dos meses después se firmó el informe-propuesta para adjudicar el contrato. Ningún funcionario vio defecto alguno en el proceso, pero los anteriores adjudicatarios si advirtieron de la existencia de problemas. El 18 de diciembre, la asesoría jurídica anunció que existían «dúbidas razoables» sobre la viabilidad del contrato. Se pidió un informe a la Fundació de la Jardineria i el Paisatge, que sustentó la anulación del procedimiento.
Una de las empresas ganadoras recurrió al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que en enero de este año, tras un ejercicio con el mantenimiento en precario, dictó que el contrato debía adjudicarse y que los trámites fueron legales.
El gobierno local, que había denunciado que el contrato, tal y como estaba redactado, provocaría al Ayuntamiento pérdidas de tres millones de euros anuales, evitó recurrir a la Justicia ordinaria y asumió el fallo. También sacó a concurso por 72.600 euros anuales un servicio de control de calidad para vigilar que se cumple el mantenimiento. Esa decisión fue criticada por el BNG, que acusó al gobierno de externalizar servicios municipales.
Por el momento no se ha hecho público ninguno de sus informes. Sí ha estallado un conflicto laboral en la nueva adjudicación, ya que, según ha denunciado UGT, se ha despedido de forma irregular a siete operarios, y continúan las quejas vecinales por el estado de las zonas verdes.