juicio Filmadas in fraganti

La comunidad de propietarios del portal 28 de la calle San Jaime, en la Sagrada Familia, espera que el día 26 de febrero culmine el juicio que sigue en contra de dos ex inquilinas del edificio.

La acusación de la comunidad surge después de que instalaran cámaras de vigilancia a la entrada del inmueble y en los pasillos, después de notar la falta de correspondencia en los buzones. El resultado fue la grabación de las acusadas realizando el hurto de la correspondencia de varios residentes, además del daño en los buzones, que luego tuvieron que ser sustituidos.

A las imputadas se les habían seguido también otros procesos por su actitud hostil hacia la comunidad, terminando todos en sentencias condenatorias.

La historia del 28

A principios del 2004 los residentes del portal estaban cansados de los abusos y malos tratos que, según declararon, recibían de parte de estas señoras. Acordaron entonces denunciarlas ante la Justicia, figurando entre las acusaciones los insultos, el daño y deterioro de las áreas comunes del edificio y ruidos molestos en la madrugada, entre otros.

Aunque a todas estas denuncias recibieron respuesta, alguno de los vecinos declaró «no entender a la Justicia» porque considera que la mayoría de las sentencias dictadas en estos procesos «no fueron suficiente castigo» para las faltas cometidas por sus anteriores vecinas en contra de la comunidad.

Este residente en el inmueble también señaló que siendo «el arresto domiciliario por quince días una de las penas impuestas por un tribunal, nunca vio a las autoridades encargadas de vigilar su cumplimiento en el edificio».

A su vez, otro miembro de la comunidad consideró que su denuncia no recibió la atención necesaria y oportuna de parte de las autoridades en su momento: «En el juzgado solo atinaron a decirme que había otros problemas más importantes que atender, que esperara». Y a pesar de que entiende la congestión actual en los juzgados, considera que su caso también requiere de la atención de las autoridades.

«Era un calvario vivir así, por lo que decidimos demandar en conjunto. Y si bien la mayoría de los residentes tenía querellas personales en contra de estas señoras, creímos mejor unirnos», dijo otra vecina. Cuenta además que, con el tiempo, una de las acusadas se mudó «por una orden de desahucio ejecutada por la propietaria del apartamento en el que residía. Fue de esa manera que cesó en parte nuestro martirio».

En esta querella judicial, que inicialmente se iba a juzgar el 2 de diciembre, las acusadas se enfrentan a una petición de una pena de prisión de tres años y un día, además de una multa por daños a la comunidad de vecinos.