Viviendas que penden de un hilo

redacción / la voz

CARBALLO

Más de un millar de familias gallegas viven en casas amenazadas por sentencias de derribo

08 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

La sombra de la piqueta es alargada y afecta a decenas de edificaciones en Galicia. El caso de la vivienda ilegal de Anllóns, en Ponteceso (A Coruña), es uno de los más recientes, pero son más de un millar de familias las que viven en casas amenazadas por órdenes de demolición dictadas por los tribunales, en muchos casos con procedimientos que se demoran durante años.

En Viveiro, por ejemplo, se levanta la urbanización Lodeiro frente al puerto deportivo. Sus 118 viviendas tienen orden de derribo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desde hace tres años y, desde entonces, los propietarios se concentran en la plaza Mayor el primer miércoles de cada mes para exigir una solución a su angustiosa situación. En O Grove, la urbanización Raeiros, con 52 chalés de lujo frente a la playa, se ejecutó con una licencia concedida en 1993 para construir un apartotel. En el 2007, la Xunta ordenó a la constructora devolver la finca a su estado original, y el TSXG lo confirmó en el 2009. La orden de derribo llegó en marzo del 2010 y esta ha sido recurrida por la empresa, lo cual puede retrasar años la demolición. Otro caso en O Grove afecta a un ático. En 1994 se dictó el primer fallo que declaró que no cumplía la legislación vigente y en septiembre el Concello recibió un escrito del TSXG ordenando su derribo. En Pontecesures, una vivienda unifamiliar construida en el 2000 está amenazada al no tener los 12 metros de fachada hacia terreno público que marca la normativa. Los dueños, un matrimonio con un hijo, iniciaron una recogida de firmas en febrero.

Media docena de casos en Vigo

Los casos se multiplican en Vigo. El más emblemático es el de O Piricoto, en Castrelos, con 104 pisos. El TSXG lo sentenció en 1995, una resolución que el Supremo confirmó en el 2000. La asociación de vecinos de aquel entonces fue la que denunció el impacto ambiental del bloque de pisos. En idéntica situación se encuentran 51 viviendas de la urbanización A Pastora, también cerca de Castrelos, y un edificio de la calle Churruca, donde el TSXG ha paralizado el derribo de dos plantas ilegales a la espera de un proyecto municipal de ejecución. En Samil se levantan también 180 viviendas que originariamente iban a convertirse en apartotel. Una decena de casas de lujo pegadas a la playa, en Canido, también fueron sentenciadas hace 11 años, y en Finca do Conde son 203 las viviendas amenazadas por un exceso de edificabilidad.

Barbanza también cuenta con varios ejemplos. Como un edificio de la avenida da Constitución de Boiro, con un auto que acaba de dictar un juzgado de Santiago instando al Concello a ejecutar una sentencia de derribo del 2009. Las viviendas afectadas son más de 20. En Rianxo, sigue pendiente de sentencia el caso de la farmacia ubicada en el bajo de un edificio declarado en ruinas en el 2005. En el mismo municipio, otras 16 familias viven en un edificio condenado en el 2008 y en el 2010 a la demolición al no adaptarse al proyecto constructivo y haberse levantado, además, en una parcela de suelo no consolidado. En Noia hay otro inmueble con 33 propietarios y una sentencia firme de derribo, aunque el asunto podría estar en vías de solución al haberse acometido las obras precisas para legalizar el edificio.

Otro inmueble con 8 viviendas en Sanxenxo también tiene una resolución firme desde diciembre pasado. De 1998 es la orden de demolición en el caso del edificio Herpi, que obliga a dejar diáfanos sus bajos para dejar paso a la playa. Asimismo, en el número 57 de la calle Real de Caldas hay 14 pisos amenazados tras anular el juzgado la licencia municipal. La demolición está pendiente y el alcalde ya ha sido multado en varias ocasiones por este asunto.

Millones de euros en A Coruña

Otro ejemplo de inmueble pendiente de ejecución es el edificio Conde de Fenosa de A Coruña. Ahora mismo la sentencia es firme, el TSXG desestimó el último recurso del Ayuntamiento y este tiene que presentar un proyecto de derribo. El inmueble, con más de cien viviendas y locales comerciales, empezó a construirse en 1998. Al año siguiente, una vecina presentó la denuncia y la primera sentencia data del 2002. Se calcula que las indemnizaciones ascenderían a unos 45 millones de euros, cifra que supondría la quiebra técnica del Concello coruñés.

Muy cerca, en Sada, los ocupantes de las 28 viviendas del número 48 de la avenida de la Marina están pendientes de la orden de derribo parcial a causa de dos alturas ilegales. Los vecinos ya prepararon las maletas para retirarse en la Semana Santa del 2009, pero la sentencia sigue sin ejecutarse.

A principios de este año, el TSXG también ratificó el fallo del 2010 que anuló la licencia y ordenaba demoler una vivienda conocida como La Mediacasa, en el paseo de Cedeira. Aún no se ha tirado. En marzo llegó la orden de derribo del número 70 de la calle Calvo Sotelo de Sarria, con 24 pisos y varios negocios. Un vecino denunció en 1996 que el bajo y la cubierta no se ajustaban a la licencia. Tampoco se ceñía al proyecto un edificio de A Estrada, en la calle Iryda, amenazado por la piqueta desde hace dos años.

Hay más casos. Como el de un vecino de Arou (Camariñas) que amplió su casa sin atenerse a la normativa. La obra iba a derribarse en diciembre, pero recurrió. En la avenida de As Caldas de Ourense, la parte trasera de un inmueble que no guarda la distancia legal respecto a otras casas podría acabar literalmente por los suelos.

Información elaborada con aportaciones de M. Sande, B.?Costa, M. Gómez, C. Barral, M. Conde, R. Domínguez, C. Elías, S. Varela, M. García, E. Eiroa, R. Novoa, J. Fuentes y T. Silva