El juez rechaza la denuncia porque desconoce las causas del siniestro
14 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Juzgado de Instrucción Número 2 de Carballo ha decretado el «sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones» relativas a la explosión de la pirotecnia Calvo ocurrida el 15 de julio del 2006 en el lugar de Silván, de la parroquia coristanquesa de Erbecedo.
El argumento principal del juez para rechazar la demanda interpuesta de manera conjunta por los concellos de Coristanco y Carballo, en representación de los propietarios de las 229 viviendas afectadas, es la falta de «argumento directo alguno sobre la causa de la explosión. Considera que no se ha aclarado suficientemente la causa de la deflagración y, por lo tanto, señala que «no existen datos bastantes para imputar personas concretas una acción u omisión imprudente que fuera la determinante del resultado dañoso».
En cambio, el juez, que aceptó los postulados de la Fiscalía, sí ve indicios de un posible delito de desobediencia por parte de los responsables de Calvo en lo «que se refiere a la superación del precinto policial instalado sobre la zona de la explosión». Por lo tanto, considera necesario continuar la instrucción y ha solicitado nuevas declaraciones de Óscar Mariano Rodríguez Muñiz, y los hermanos Fidel y José Luis Calvo Antelo para establecer su grado de participación en los hechos.
A raíz de esta decisión judicial, fechada el pasado 11 de marzo, el portavoz del BNG de Coristanco, José Manuel Vázquez Vázquez, ha emitido un comunicado en el que responsabiliza al alcalde, Antonio Pensado, por el camino, contrario a los intereses de los afectados, que ha tomado el proceso. Argumenta que no cumplió con su responsabilidad porque, en su día, tuvo ocasión de buscar una salida negociada y no lo hizo. Por aquel entonces, justo después del siniestro, las valoraciones periciales cifraron los daños en 229.780 euros, una cantidad cubierta por la póliza de 600.000 euros de la que, según dice Vázquez, disponía la empresa.
Sin embargo, el regidor, siempre según el líder nacionalista, aceptó incluir las reclamaciones de la maderera Unemsa que tuvo que parar su producción durante una semana y pedía 1.500.000 de euros de indemnización.
Pensado, por su parte, declinó hacer declaraciones al respecto «porque é un tema xudicial e hai que respectar a sentenzas». Del mismo modo, el alcalde de Carballo, tampoco quiso manifestarse, porque asegura que no le habían informado sobre esa decisión del juzgado y tampoco ha podido leer el auto.
En cambio, la abogada Leonor Ramos, que defiende a la mayor parte de los afectados de ambos concellos, puntualizó que el dictamen del juez carballés no tiene carácter definitivo porque cabe imponer recurso de reforma delante de la misma sala -de hecho ya está en curso- y, en caso de que sea rechazado, todavía es apelable ante la Audiencia Provincial. Si finalmente se agota la vía penal, a los afectados todavía les quedaría la posibilidad de reclamar indemnizaciones por vía civil.