El pleno de la Diputación aprobó por unanimidad un texto para pedir el mantenimiento de la actividad y los 2.000 puestos de trabajo ligados a las centrales térmicas de Meirama y As Pontes.
La declaración viene motivada por la próxima entrada en vigor de un real decreto que prima el carbón nacional respecto al de importación. Las dos plantas gallegas emplean carbón foráneo y, en caso de llevarse a cabo la medida, sufrirían un importante recorte en su funcionamiento que podría conducir a la inviabilidad.
Para evitarlo, los tres grupos políticos representados en el ente provincial solicitan que se mantenga un cupo mínimo del 8% para el mineral foráneo y que se compense a las empresas afectadas «garantindo un mínimo de horas anuais co fin de manter o emprego a actividade económica».
Según los datos ofrecidos por la propia Diputación, las 1.500.000 toneladas de carbón que llegan cada año a Cerceda suponen un volumen de negocio de 11,4 millones de euros que, de perderse, supondría un impacto importante para el puerto de A Coruña y para toda la zona.
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