La comisión buscará soluciones individualizadas para las instalaciones que tiene orden de derribo
La asamblea de propietarios de naves sin regularizar en toda Galicia, prevista para el próximo lunes en Santiago, ha sido desconvocada. Al menos, «ata novo aviso», informan los empresarios organizadores, sobre todo los que se quedan en una situación difícil, por tener orden judicial de derribo o de reposición de la legalidad urbanística, los más interesados en que la reunión siguiese adelante.
La desconvocatoria se fraguó en la asamblea celebrada en la noche del miércoles en el auditorio del polideportivo de Baio, a la que acudieron más de 220 personas, entre empresarios, empleados y relacionados con diversos sectores económicos.
La decisión no fue fácil ni corta. Hubo que sortear muchos cruces de declaraciones, alguno de ellos bastante tenso, y eso durante más de tres horas, puesto que la reunión acabó al filo de las 24.00 horas. José Manuel Pose, presidente de los empresarios de Malpica y de la entidad de promotores de la Costa da Morte (Asprocom), lideraba una línea batalladora que seguían los que se encuentran en la misma situación que él, con expedientes abiertos y sin posibilidad e vuelta atrás.
Ven que la inmensa mayoría de las naves, salvo las suyas (siete en la Costa da Morte, al menos que se tenga conocimiento) van a quedarse fuera de esta amnistía (que dará dos años para regularizar y marca el 1 de enero del 2004 como fecha máxima de construcción) y les parece injusto que eso ocurra porque alguien, en su día, a ellos los denunció y a otros, en igual o idéntica situación, no. Sobre este argumento pivotó la defensa que unos y otros fueron exponiendo ante el público, y pidiendo su apoyo. Por lo visto en la asamblea, entre aplausos y ánimos, al menos en su primer tercio, la gran mayoría parecía estar con ellos.
No obstante, como explicaba ayer en privado un miembro de la comisión de afectados, es complicado que ese apoyo vaya mucho más lejos en caso de que haya que exteriorizarlo, ya que a la gran mayoría le agrada la solución, que permitirá convalidar todas las naves irregulares. «Unha cousa é o que se diga alí, e outra é que ao final vaian a máis sitios», en referencia, por ejemplo, al previsible fracaso de la asamblea prevista para el lunes en Santiago: no es lo mismo ir a protestar para que haya una solución que hacerlo cuando la Xunta ya la ha dado, vienen a decir. Y, además, se requiere un trabajo organizativo muy amplio que, a cuatro días vista, resulta muy complicado de cerrar, como explicó otro de los asistentes, el presidente de Feiraco, José Antonio Casais, que también es teniente de alcalde en Dumbría y tiene una amplia experiencia en este tipo de actos como directivo de Unións Agrarias.
Al margen de eso, la mayoría de la comisión mixta apoyaba la desconvocatoria del acto, y de haber seguido adelante, alguno de sus miembros se hubiera desvinculado.
Comprensión
Otra cosa, añaden, es que no sean comprensivos con la situación en la que quedan los empresarios con los expedientes abiertos. Al contrario, entienden que existe una injusticia a la que debería ponerse remedio, pese a que, legalmente es muy difícil hacerlo. Como señaló Pose, existe el precedente de aserraderos, explotaciones agropecuarias y mineras que, pese a tener los expedientes abiertos, sí hubo tabla rasa.
Por ello, el lunes acudirán al Parlamento de Galicia, junto a los siete propietarios afectados, para hablar con los portavoces de los tres grupos parlamentarios, justo un día antes de que la modificación de la Lei do Solo entre en el Parlamento para su debate. Quiere, según explican desde la comisión, agotar todas las vías para intentar solucionar este problema: derribos que penden de un hilo o fuertes multas coercitivas en caso de negativa, como ya está ocurriendo con el dueño de una nave de Dumbría.
Por otro lado, a la vista del éxito logrado, impensable hace tan solo un mes, a parte de la comisión le sorprende un tanto no haber recibido más comentarios de felicitación por el trabajo desarrollado, ya que la nueva normativa evitará que más de 200 naves en la Costa da Morte, y más de 1.200 en toda Galicia, puedan tener problemas en el futuro, además de garantizarle seguridad jurídica.
En la junta directiva de Neria, celebrada a la misma hora que la asamblea (por eso no asistieron sus directivos) también se tocó este asunto, mostrando el apoyo a los empresarios y recordando los escritos enviados en su día a la Xunta solicitando su regularización.
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