El director xeral de Industria asegura que la Xunta no puede parar el parque eólico de Pedrarrubia

«La tramitación de un parque eólico es un procedimiento reglado y la Xunta solo actúa como garante de que se realice conforme a la ley». De este modo resumió Alberto Sueiro, diputado autonómico y portavoz del PP en Carballo, el mensaje transmitido por el director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, en la reunión que mantuvieron ayer en Santiago, y a la que también asistió el abogado de la Asociación de Defensa de Pedrarrubia, Miguel Lamela.

La principal conclusión del encuentro fue que la Xunta de Galicia carece de capacidad para frenar la instalación del complejo siempre que la empresa promotora acate la normativa y las indicaciones de la Administración. En ese sentido, según manifestó Alberto Sueiro, el director xeral se comprometió a realizar un seguimiento exhaustivo del proceso para garantizar que se cumple la ley, y se puso a disposición de los afectados para facilitarles el acceso a la documentación que pueda facilitar su defensa. A ese respecto también aseguró que todos los recursos de alzada que se presenten -el plazo finalizará el próximo miércoles, día 17- serán atendidos por la Administración.

Impacto ambiental

Según transmitió Ángel Bernardo Tahoces en la reunión de ayer, una vez que el proyecto ha superado la fase de impacto ambiental simplemente se trata de dar continuidad a un procedimiento reglado.

Precisamente, en las repercusiones medioambientales del parque eólico se centrarán las alegaciones que está preparando el Concello de Carballo. «Nós defendemos que nun proxecto destas características habería que facer unha avaliación ambiental estratéxica», señaló el teniente de alcalde, José Antonio Viña, y así se trasladará a la Administración autonómica en el recurso de alzada.

También la Asociación de Defensa de Pedrarrubia alegará contra la resolución por la que se autorizó administrativamente y se reconoció la condición de instalación acogida al régimen especial de producción de energía eléctrica del parque eólico. Además, la entidad decidirá en abril si también recurre a la vía contencioso administrativa.