La Xunta sanciona a Desarrollos Eólicos por hacer obras sin licencia

La Voz

CARBALLO

19 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

La denuncia presentada ante la Xunta por un grupo de vecinos de Coristanco a través de Ventonoso -asociación ligada a Unións Agrarias- contra los promotores del parque eólico de Fontesilva se acaba de resolver con una resolución que respalda la postura de los afectados al calificar de grave la actuación de la empresa.

El dictamen, adoptado hace una semana por el secretario xeral da Consellería de Economía e Industria, José Riesgo Boluda, confirma que Desarrollos Eólicos S. A. empezó a acometer las obras del complejo y de su línea de evacuación sin haber obtenido las autorizaciones administrativas preceptivas ni la aprobación del proyecto de ejecución.

Estos hechos aparecen tipificados como graves en la ley del sector eléctrico, por lo que el instructor del expediente propuso originalmente una sanción de 600.001 euros, dado que, aunque la legislación no fija una cantidad mínima para estos casos, sí establece que la multa máxima para los incumplimientos leves es de 600.000 euros.

Recorte de la multa

Sin embargo, en la resolución definitiva, el secretario xeral de la consellería de Economía señala que el umbral mínimo de las multas graves no tiene «por que necesariamente coincidir co tope máximo» de las mínimas, y concluye que mantener la propuesta de 600.001 euros «semella excesivo, á luz do principio de proporcionalidade», puesto que con posterioridad la empresa sí obtuvo las licencias requeridas. Es por ello, que reduce la cuantía de la sanción inicial en un 85% para establecerla en 90.000 euros.

En el escrito se relata que los responsables de Desarrollos Eólicos en sus alegaciones reconocieron sus incumplimientos, pero solicitaron que fuesen considerados como leves al entender que la Administración se demoró en la tramitación de sus licencias y que se trata de un procedimiento reglado, por lo que, según sostienen, al reunir los requisitos necesarios para obtener esas autorizaciones estaba justificado el inicio de los trabajos.

Pero, desde la Xunta señalan que «o procedemento de autorización seguido pretende a comprobación de tales extremos e constitúe unha garantía do seu cumprimento e non se pode entender culminado ata obtido o título formal da autorización».

Asimismo, apuntan que el supuesto retraso de la Administración no es una justificación «para actuar á marxe da legalidade».