La Xunta estudia la legalización de las naves industriales irregulares

Los propietarios de naves irregulares en la Costa da Morte (extensible a otras zonas de Galicia) tienen una pequeña luz de esperanza al respecto de dónde puede desembocar su situación: si bajo la amenaza de derribo, como ya la ha ocurrido a una decena, o regularizadas, como reclaman los propios afectados, otros empresarios y la asociaciones en las que se agrupan. Y es así porque la Xunta «está estudiando y valorando» qué hacer al respecto, según señalaron ayer fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Es poco, pero mucho para quienes llevan años trabajando, primero calladamente, y ahora organizándose y celebrando reuniones, como la masiva de anoche en Baio, o entrevistas con diferentes autoridades, en busca de una solución, que pasaría por incluir una disposición en la futura (e inminente) reforma de la Lei do Solo. Más o menos, como cuando se regularizaron las explotaciones agropecuarias en una ley similar anterior. Algún afectado, como el dumbriés Manuel Andújar, tiene conocimiento de que para la redacción del anteproyecto de la ley se analizó la viabilidad de establecer un plazo de construcción desde el que se podría dar carta blanca, en este caso el año 2003. De esta fecha hasta la actualidad, se podría legalizar, pero no más allá. Una situación que, en todo caso, «deixaría en precario a moitos», así que no es satisfactoria.

Además, los empresarios de la zona han mantenido encuentros con el delegado provincial, Diego Calvo, y con el conselleiro, Agustín Hernández, y no se les planteó esta opción. Ni otra. Esa es la queja de Eduardo Salgado, presidente de la Asociación de Empresarios da Costa da Morte, nacida en Vimianzo para reclamar una rebaja en el precio del suelo del polígono local (también del resto) y que ha ampliado sus demandas hacia la regularización. Les ampara, asegura, un informe del Consello Económico e Social en la misma dirección, y quieren hacérselo saber al propio presidente de la Xunta, en cuanto les dé fecha y hora para la entrevista pedida hace un mes. «A ver agora, porque nin o delegado nin o conselleiro nos deron resposta», indicaba ayer. En su opinión, la legalización es un acto de justicia: «A xente construiu estas naves con ánimo de prosperar. De mellorar no propio, está claro, pero tamén do resto, porque se crearon empregos e non había outro sitio onde establecerse, para algún lado tiñan que ir». Ligado a ello, la reducción de los precios de las parcelas le parece fundamental. «¿Como se pode especular cunha zona tan pobre como esta? ¿A onde van os beneficios da vendas das parcelas?», se pregunta.