Los promotores exigen 930.000 euros a Sanxenxo por paralizar los chalés del cementerio de Dorrón
AROUSA
La polémica sobre los chalés construidos a pie del cementerio de Dorrón, en Sanxenxo, abrió ayer un nuevo capítulo. Los promotores de las cuatro viviendas unifamiliares han solicitado al Concello una indemnización de 930.000 euros por otorgarle licencia de obra y luego ordenar la paralización de los trabajos.
La constructora Ferro Messego desglosa esa cantidad detallando que del global de la reclamación, 386.000 euros corresponde a las obras ya ejecutadas y otros 375.000 euros al valor del terreno donde se levantaban los cuatro chalés. También solicitan 86.000 para la demolición de las viviendas y 19.200 euros por la redacción del proyecto y su dirección.
La controversia tiene su origen en la proximidad de los chalés al camposanto, puesto que una ley de 1998 prohíbe acometer edificaciones a menos de 50 metros de distancia del muro de cierre.
Cuando la Consellería de Sanidade rechazó autorizar la apertura del cementerio debido a la existencia de los chalés, los vecinos montaron en cólera y exigieron soluciones inmediatas al Ayuntamiento.
A raíz del malestar vecinal, la Administración local, en marzo del año 2008, declaró la nulidad de las licencias concedidas sobre la parcelación de las fincas y construcción de las viviendas unifamiliares argumentando que la promotora incumplía la normativa de la franja de protección del cementerio.
Error
La demanda de la empresa fue revelada por el PSOE de Sanxenxo. Su portavoz, Dulcinea Aguín, precisó, en un comunicado, que «resulta patente que el Ayuntamiento ha incurrido en un error al conceder estas licencias, al concederlas en la creencia de que el nuevo cementerio de Dorrón era una ampliación del viejo».
Ferro Messego realiza la reclamación meses después de que el Concello abriera un expediente sancionador contra la promotora por no ajustarse a las licencias concedidas. Desde la casa consistorial se alegó que la constructora no edificó las viviendas de lujo en los emplazamientos indicados en su día.
Para la gerencia de Urbanismo municipal, las obras de la empresa pueden constituir infracciones graves de la Ley de Ordenación Urbanística y Protección de Medio Rural de Galicia.
Sin embargo, la reclamación que asciende a 930.000 euros podría quedarse corta. Según la portavoz de la agrupación socialista local, la petición de indemnización por parte de la constructora «es muy posible que se encuentro pendiente de cuantificar y justificar otras cantidades».
Por ese motivo, la promotora explicó en su reclamación que no descarta una indemnización mayor después de evaluarse otros daños que puedan terminarse en su momento.