La puesta en marcha de la sociedad mercantil de capital municipal Ínsula - ente para la promoción, gestión y desarrollo de suelo público en Sanxenxo- suscitó polémica dentro del propio equipo de gobierno que liderada el entonces alcalde Telmo Martín. De hecho, dos de los concejales optaron por no apoyar aquella decisión. Se trataba de los ediles Francisco Villaverde y Fernando Villaverde, responsables de Urbanismo y Facenda, respectivamente. Ahí empezó la separación de los Villaverde de Martín.
La controversia se produjo a pesar de que la constitución de la empresa municipal se había llevado a cabo con el consenso de los grupos de la oposición. Sin embargo, el acuerdo por unanimidad pronto se rompió. El portavoz del BNG de Sanxenxo, Roberto Fernández Lores, abandonó su puesto en el consejo de administración de la sociedad argumentando que las reglas de juego de la empresa excluían a las rentas más bajas. El ahora portavoz nacionalista, David Otero, precisó que la empresa municipal cuenta con un gasto corriente de 125.000 euros «a pesares de non ter actividade».
Otero denuncia la «pouca seriedade e interese da alcaldesa» para facilitar el acceso a los vecinos a «unha vivenda de promoción pública». «¿Para qué sirve Ínsula?», se pregunta. En la oficina ubicada en el primer piso del número 4 de la calle Augusto González Besada, señalan los críticos, lo único que se realiza es la actualización de la lista de los demandantes de vivienda de promoción pública.