Un grupo de empleados afirman haber sufrido «daños morales» en su «dignidad» por la decisión de Membrives
Quieren más dinero e indemnizaciones por trabajar las 37,5 horas que marca su normativa laboral en Ravella
Los derroteros que la negociación colectiva está enfilando en el Concello de Vilagarcía se acercan peligrosamente al delirio. Mientras la mesa paritaria funciona para intentar llegar a un acuerdo sobre la jornada laboral a cumplir por los empleados públicos municipales, un grupo de funcionarios que prestan sus servicios en las oficinas de Ravella han decidido tirar por su cuenta y comenzar a dirigir reclamaciones por escrito a la alcaldía. Las peticiones se realizan a título personal, pero su contenido es muy similar, lo que indica una acción conjunta. El motivo de su particular movilización no es otro que la decisión del gobierno local de aplicar una jornada semanal de 35 horas, que se acerque paulatinamente a las 37,5 horas por las que en realidad cobran. Porque, desde hace años, este colectivo venía trabajando solo 30 horas cada semana. Es decir, existía un margen de siete horas y media por semana que cobraban sin trabajarlas.
Desde el 16 de septiembre, el horario en los servicios centrales del Concello se establece entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde. Un incremento de cinco horas semanales que, para los funcionarios en pie de guerra, supone la vulneración de un «derecho adquirido» a lo largo de los años, ya que la decisión de reducir su jornada se remonta a la época en la que José Luis Rivera Mallo ostentaba la alcaldía de la ciudad.
Según el modelo al que se ajusten, las reclamaciones incluyen tres o cuatro peticiones que, textualmente, plantean lo siguiente. Primero, «a anulación da circulación que impón un novo horario». Segundo, «o incremento das retribucións mensuais de xeito proporcional a ampliación do horario mentres non se resolva a situación». Tercero, «o abono dunha indemnización por importe de 1.000 euros en concepto de danos e prexuízos por impor unha medida sen tempo para acomodar as circunstancias persoais e familiares á nova situación». Y cuarto, y muy llamativo, «una reparación por danos morais como consecuencia das declaracións feitas á prensa polo concelleiro de Persoal, José Membrives».
El concejal socialista apuntó en su día que no hacer cumplir el horario legal de trabajo supondría «un fraude para la ciudadanía». Afirmación que, en opinión de este grupo de funcionarios, provoca una merma de su «dignidade e imaxe pública», que en consecuencia deben ser restituidas.
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