El concejal de Seguridade Cidadá de O Grove, Fredi Bea, se desvinculó ayer de la instalación de cámaras de videovigilancia en la casa de la cultura Manuel Lueiro Rey. «Es importante señalar que las cámaras no servirán a la Policía Local para la prevención y persecución de delitos en general, sino a la concejalía de Cultura que será responsable de las imágenes y cumplirá, como es de rigor, con lo preceptuado tanto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal como en la instrucción 1/2006, de la Agencia Española de Protección de Datos», explica el concejal.
«Ciertamente este Concello se ha dotado de un sistema de captación de imágenes una vez comprobada la insuficiencia de otros métodos de prevención y con la única finalidad de salvaguardar el patrimonio afecto a la concejalía de Cultura, ante la persistencia en los últimos tiempos de lamentables actos vandálicos en la biblioteca, el archivo municipal y el Centro de Interpretación da Pesa e da Salga», añade Fredi Bea en su comunicado.
El concejal galeguista realiza estas matizaciones dos días después de que el Movemento polos Dereitos Civís anunciara la presentación ante Fiscalía de Cambados de una denuncia contra el Concello de O Grove por la instalación «ilegal» de cámaras de videovigilancia en la casa de la cultura. El colectivo solicitó además al fiscal que investigara la comisión de un presunto delito de prevaricación por parte de Fredi Bea pues, alegan, el edil «ten a obriga de coñecer e cumprir a normativa nesta materia».
El Movemento polos Dereitos Civís argumenta que las cámaras instaladas en la casa de la cultura no cumplen con los requisitos legales que pasan por «cumprir o criterio de proporcionalidade e posuír a autorización por parte da Delegación, dous requisitos obrigatorios que a Administración local non respectou».
Aún no funcionan
En un comunicado emitido ayer, el concejal dice no tener constancia de la presentación de dicha denuncia pero «no obstante, se ofrece a poner a disposición cuanta información tenga a bien solicitar» la ciudadanía o cualquier asociación.
Además, informa de que las cámaras no entrarán en funcionamiento mientras no se apruebe la ordenanza municipal pertinente y su homologación por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.
Por último, alude a la voluntad del Concello de cumplir la ley y de que ha buscado el apoyo legal de la firma de abogados protecciónlegaldedatos.com.