La formulación propuesta por Política Territorial para el nudo de Curro afectaría irremisiblemente a tres explotaciones, cuyo traslado sería, evidentemente, muy complicado. La empresa más potente es Granitos Triturados, que emplea a 22 trabajadores. Las otras dos compañías que la conexión de Curro se llevaría por delante ocupan a 9 y 7 operarios, respectivamente. El proyecto pone en peligro, por lo tanto, 38 puestos de trabajo.
Xan Bouzas echó cuentas para poner sobre la mesa la cantidad que la Administración debería desembolsar a los trabajadores en concepto de indemnizaciones si las empresas cerrasen sus puertas. Nada menos que 750.000 euros. «Isto -señaló el dirigente de la CIG en Arousa- é algo que Política Territorial debe ter moi en conta, pois habería que garantir que os traballadores percibisen as reparacións económicas que lles corresponde, e evitar que as indemnizacións se dirixan unicamente aos empresarios». A todo ello se une los perjuicios que la desaparición de las explotaciones causaría a los transportistas que mueven diariamente entre treinta y cuarenta mil toneladas de áridos y a las propias comunidades de montes, titulares de los terrenos, que dejarían de percibir las rentas que les proporciona su ocupación por parte de las canteras.
Los miembros del comité de empresa de Granitos Triturados señalan que, en principio, la dirección les ha comunicado su interés porque la compañía siga funcionando. Ahora bien, todo dependerá de las facilidades que otorgue la Administración. «Se non é así, as empresas pecharán e nós teremos que marchar para a casa», lamenta uno de los trabajadores. La central nacionalista no descarta la adopción de medidas de presión y movilizaciones para conseguirlo.