Los inspectores vigilarán que los promotores coticen por el coste real de las construcciones El gobierno local espera recaudar, como mínimo, un 10% más por este concepto
16 dic 2005 . Actualizado a las 06:00 h.Los promotores y constructores que operen en Vilagarcía tendrán más difícil defraudar al Concello en el pago del impuesto de construcciones, a partir del próximo año. Una empresa se encargará de inspeccionar las obras con el fin de comprobar que el dinero que han pagado en la liquidación provisional -que se establece en función del presupuesto y proyecto inicial presentado en las dependencias municipales- se ajusta al coste real y efectivo de la obra. Es frecuente que los proyectos sufran modificaciones que redundan en mejoras que encarecen el valor final del inmueble. La ley establece los mecanismos para que estos incrementos repercutan también en las arcas de los ayuntamientos mediante la figura de al liquidación definitiva, pero ni en Vilagarcía ni en casi ningún Concello se lleva a cabo por falta de medios técnicos y humanos. Concurso En Ravella han decidido emular a otros municipios gallegos y cubrir esta carencia mediante los servicios de una empresa. La junta local de gobierno acordó convocar el concurso para la adjudicación del servicio que se resolverá a principios del año próximo. La empresa trabajará a porcentaje, es decir, sólo cobrará si el Concello cobra. No es la primera vez que el gobierno de Javier Gago recurre a esta vía. Ya lo hizo hace unos años con el IAE y la experiencia resultó muy satisfactoria pues se consiguió que prácticamente todos los negocios coticen por el epígrafe que le corresponde. En aquel proceso se detectaron fraudes de hasta ocho millones de las antiguas pesetas. Respecto al efecto que la medida tendrá sobre el impuesto de construcciones, no hay estimaciones. Sí referencias de otros concellos. En Porriño, por ejemplo, en sólo seis meses se descubrió un desfase de cien millones entre las liquidaciones iniciales y las definitivas. En Vilagarcía no se esperan cifras tan abultadas dado que no tiene el carácter industrial que tiene Porriño, pero sí se da por hecho que la repercusión económica para las arcas locales será importante: como un mínimo de un 10% respecto a la recaudación actual. Las casas, exentas La intención del grupo socialista de que cada uno pague por lo que construye es firme, pero no será radical. Las inspecciones no llegarán a las obras de viviendas unifamiliares «sólo a las de mayor entidad y donde hay negocio», explicaba ayer el regidor. Y en la liquidaciones definitivas no se aplicarán ni intereses ni recargos. El Concello actuará con efectos retroactivos a un plazo de cuatro años. La ley establece que, pasado este periodo, las obligaciones con la administración prescriben. En caso de que se constate que el constructor invirtió menos de lo previsto se establece, también, la devolución del impuesto. Aunque este caso es poco probable.