Villar intentó justificar al principio que el dinero de Haití había sido bien empleado

Ángel María Villar se contradice. Si ahora defiende mediante un comunicado que la culpa de las irregularidades en el uso de las subvenciones en el caso Haití era de otros y que llevó a cabo una investigación interna para enmendar los errores advertidos por el CSD, la documentación a la que ha tenido acceso La Voz resta verosimilitud a sus argumentos. Lo que hizo Villar desde el primer momento en el que el Consejo Superior de Deportes (CSD), entonces presidido por Miguel Cardenal le requirió documentación advirtiéndole de que podía haber irregularidades en la justificación del uso de dinero público concedido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para diversos fines, fue intentar demostrar el destino de los fondos, pero fue insuficiente.

La RFEF asegura que «desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de posibles anomalías en la justificación de la subvención pública concedida por el CSD en el año 2010 para el fomento de políticas transversales, se inició el pasado mes de noviembre del 2016, a instancias de su junta directiva y de su presidente, una investigación interna al objeto de conocer de manera fehaciente lo acontecido». Pero la realidad es otra. Villar solo reaccionó cuando el asunto trascendió en los medios de comunicación.

El 7 de abril del año pasado, el presidente del CSD, Miguel Cardenal, le envió una carta a Villar en la que le explica la anómala situación. El CSD pidió a la RFEF explicaciones respecto a la justificación de subvenciones concedidas el año 2010. La federación pidió el 21 de abril un plazo para adjuntar toda la documentación. De todo esto, Villar tenía pleno conocimiento. El CSD concede 45 días, pero el presidente de la RFEF no los emplea en promover una investigación interna como él dice, sino que intenta justificar el dinero.

El 12 de julio, la RFEF intenta aclarar el destino del dinero recibido con facturas, justificantes de pago y disculpas como que el retraso del Programa Haití llevó a la no intervención en el país caribeño. El tesorero Juan Luis Larrea, firmante de este documento, se despide «esperando subsanar los defectos indicados». El 12 de septiembre, otro escrito remitido por José María Castillón, administrador general de la RFEF, contesta a una comunicación del CSD del 25 de agosto en la que se informa de la apertura del expediente de reintegro tras no convencer las argumentaciones de la RFEF respecto al uso de las subvenciones y en el que le da otros quince días para aportar alegaciones válidas. La federación da por buenas tales alegaciones y se despide suplicando al CSD «que se archive el procedimiento sin ulterior trámite», es decir, la RFEF consideraba que los gastos estaban perfectamente justificados.

El cambio de actitud de Villar es notable. Tras intentar demostrar que el dinero público había sido bien empleado, ahora sostiene que estaba al margen de todo y no ha dudado en poner en el disparadero a empleados de la propia federación. Incluso ha llegado a decir que le habían falsificado su firma.

Todo esto demuestra la preocupación que este caso ha infundido en Villar. No es para menos. No hay que olvidar que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha apreciado tales indicios que está presentada en la causa.

Cabe también recordar que Villar devolvió al Estado en enero 1,2 millones (más 300.000 euros de intereses), en un claro reconocimiento de que había dado un uso indebido a ese dinero.