La sentencia de la Audiencia Provincial que ratifica la del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lugo, que condenó a la Diputación a devolver cerca de medio centenar de cuadros y piezas artísticas a los herederos de Álvaro Gil Varela, es también el resultado de un cúmulo de despropósitos generados casi desde el momento de la fundación del Museo Provincial de Lugo. Este es el criterio del director del Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba, Eduardo Ramil, entre otras personas que se manifestaron en este sentido.
Al margen de que pueda ser alcanzado algún acuerdo, la última posibilidad radica en el recurso ante el Tribunal Supremo, derecho al que algunos expertos consideran que no debe renunciar la Diputación, incluido el propio Ramil. En favor del recurso a la máxima instancia judicial está el convencimiento de que la motivación económica es la base de todas las actuaciones de la familia, con lo que la institución provincial se quedaría sin ninguna carta a favor, incluso para la propia negociación.
Una de las exigencias de los herederos de Álvaro Gil es que la institución asuma el pago de 600.000 euros que dicen haber gastado en el largo procedimiento emprendido a mediados de la pasada década. Por su parte, el Vicepresidente primero, Antón Bao, no confirmó si recurrirán al Supremo o no porque, según matizó, en este asunto están tomando los acuerdos por unanimidad de los tres grupos.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, que de acuerdo con lo manifestado por Bao, el viernes aún no la había visto, confirma en todos los puntos la del Juzgado de Primera Instancia, que ordenaba a la Diputación la devolución del legado a los herederos de Álvaro Gil y el pago de las costas judiciales.
Los miembros del tribunal dieron validez a las pruebas de los demandantes que habían sido cuestionadas por la defensa de la Diputación, a la vez que rechazaron los argumentos de la institución. Esto había generado hace meses una polémica por una supuesta inconsistencia o desaprovechamiento de los argumentos y en favor de la Diputación. Ahora se repite la situación pero con matices. Hay opiniones que califican de muy débil la defensa de la Diputación en este proceso, en tanto que otras consideran que el posible pinchazo en la defensa se debe a que no fue puesta a su disposición la documentación y los datos que hubiesen podido cambiar el criterio de los jueces.