Rajoy rechaza una causa general a los populares porque la gran mayoría son honrados
30 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La dirección nacional del PP no ha esperado esta vez a que haya juicio o sentencias condenatorias. Escarmentada por una trayectoria dubitativa, cuando no encubridora, destituyó a la dirección del PP en la ciudad de Valencia y nombró una gestora para llevar las riendas del partido. La decisión fue comunicada sin posibilidad de apelación a la cúpula popular de la Comunidad Valenciana, que a su vez la trasladó a los dirigentes de la capital.
La gestora se nombrará en los próximos días y conducirá al partido en la ciudad de Valencia porque la situación, a juicio de la dirección nacional, era insostenible tras la operación Taula contra una presunta trama de corrupción en el consistorio valenciano, en la que se investiga además una presunta financiación ilegal del PP y blanqueo de capitales.
El presidente del partido en la capital valenciana, Alfonso Novo, está imputado junto a casi toda la cúpula local del PP. La iniciativa partió de la sede de la calle Génova de Madrid, aunque la ejecución de la misma se dejó en manos de la dirección del PP de la Comunidad Valenciana. No es el único motivo, pero la citación para declarar ante la Guardia Civil de cerca de 50 concejales, exconcejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia sobre sus donativos para el partido y la supuesta devolución de esas aportaciones en billetes de 500 euros acabó de convencer a la dirección nacional del PP de que no cabían medias tintas y había que tomar una decisión quirúrgica. Una de las citadas, María Angels Ramon-Llin, señaló que esa práctica «no es ninguna novedad». Todo lo contrario, agregó, es «absolutamente normal» y no tiene «trascendencia». Negó, eso sí, que ese dinero hubiera sido devuelto a los donantes.
Errores y diligencia
También el grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia trató de deslindar responsabilidades. Los ediles populares emitieron un comunicado para defender su «honradez y honorabilidad», y dejan entrever que esas prácticas son un asunto del pasado. Un pasado en el que la exalcadesa Rita Barberá era la piedra angular del PP valenciano. El grupo municipal popular asegura que no tiene «ningún tipo de relación con los hechos por los que se mantiene una investigación abierta», aunque siete de sus integrantes fueron citados a declarar por la Guardia Civil por los donativos y las supuestas devoluciones. Los investigadores sospechan que se trata de una operación de blanqueo de dinero procedente de la financiación irregular.
El presidente del Gobierno no se refirió de forma específica al caso Imelsa y a la operación Taula, pero entonó un mea culpa general porque en el PP «a lo mejor» no han sido «todo los diligentes» que deberían haber sido ante los casos de corrupción. Mariano Rajoy participó en Valladolid en una reunión de la junta directiva del PP de Castilla y León, y admitió en su intervención que su partido ha tenido «equivocaciones» con la corrupción, errores por los que los ciudadanos les «han castigado». Disculpó, no obstante, esa cierta indolencia porque el PP es una organización 800.000 afiliados y «es fácil hablar a toro pasado».
A lo que no está dispuesto Rajoy es a que se abran «causas generales» contra su partido por los casos de corrupción después de haber aprobado «el mayor paquete legislativo» contra esta lacra penal. Se vanaglorió, además, de haber dejado actuar «con libertad a la Fiscalía, la Agencia Tributaria, la Policía, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera» para combatir el fenómeno.
«Gente honrada»
«El que haga lo que no es debido, se va», aseguró Rajoy, aunque acto seguido aseguró que la mayoría de los militantes y dirigentes populares son «gente decente y honrada». El líder del partido exteriorizó así la preocupación que se extiende como una mancha de aceite por las filas del PP por los casos que han surgido en las últimas semanas, todo ello en medio de las negociaciones para la investidura del Gobierno.